Las consecuencias de la situación política para las empresas catalanas

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Consecuencias de la situación catalana

Como principal consecuencia de la actual situación política en Cataluña, los ingresos obtenidos por los impuestos se van a ver disminuidos. Esto es debido a que muchas de las empresas catalanas que tenían su sede en dicha comunidad se han trasladado a otras ciudades españolas. Entre ellas, Mallorca o Valencia han sido algunos de los objetivos de estas empresas, que han sacado su sede central de Cataluña.

La compleja situación de inestabilidad ha provocado mucha incertidumbre en la seguridad jurídica y política a nivel general, pero no ha sido menos para las empresas catalanas durante todo el denominado procés. Por ello, estos negocios con sede en Cataluña dejan ver su preocupación ante el “qué pasará”. Y esto incluye tanto las pequeñas como las medianas y grandes empresas.

Muchas de las compañías catalanas ya llevaban tiempo elaborando planes de contingencia por si se daba el caso de producirse una declaración unilateral de independencia y ahora están afrontándola de una manera acelerada, aunque aún se encuentran expectantes.

Más preocupadas están las empresas del sector industrial, ya que no pueden cambiar su domicilio social tan fácilmente. Esto se debe a que el domicilio social de una compañía industrial está muy vinculado al lugar donde esta empresa tenga su centro de producción, en el cual se produciría una deslocalización.

El impacto fiscal para las empresas catalanas es de gran magnitud. No tanto ante el Impuesto de Sociedades, sino más ante los locales y regionales. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), una vez se haya trasladado la sede social, no será gestionado por ningún ayuntamiento catalán, sino por el ayuntamiento de la ciudad donde se encuentre ahora dicha sede.

Esto es debido a que las empresas (especialmente, las de gran tamaño) soportan numerosos impuestos, tanto municipales como regionales, por mantener en una comunidad autónoma o en una localidad la sede social de su compañía. Otro de estos impuestos que tendría gran repercusión en las empresas catalanas sería el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La consecuencia es un cambio radical, por tanto, en las balanzas fiscales. Es decir, una empresa cuyo domicilio social se encuentra establecido en la Comunidad Autónoma de Cataluña y que se dedica a la venta de sus bienes y servicios en todo el territorio español; finalmente, se traduciría, en el cómputo de dinero catalán, en que ahora lo será del lugar donde la nueva sede se haya establecido.

El establecimiento de las sedes de las empresas en otros lugares pertenecientes al territorio español también implicará una subida de impuestos. Pero el mayor impacto no se debe a esto, sino a que el cambio de sedes se está produciendo a largo plazo; lo que supone que, al final, se haga irreversible. Poco a poco, no solo se tratará de un cambio de domicilio; sino que también implicará un movimiento de empleados, así como de la actividad de la empresa en nuevas direcciones, con sus consecuentes repercusiones fiscales. Los empleados que se trasladen dejarán de tributar en Cataluña.

Asimismo, otra de las consecuencias se produce en relación con los inversores (sobre todo, en los extranjeros). Y es que, en la actualidad, la mayoría de ellos va a preferir invertir en lugares con menos inestabilidad política o económica, ante la incertidumbre y los cambios de gran magnitud que se podrían producir en Cataluña a partir de ahora.

Estas son las principales consecuencias de la situación catalana en relación a las decisiones políticas.